El ministro de Justicia ha propuesto al Consejo de Ministros un informe para reformar el Código Penal que incluye la prisión permanente revisable para delitos de terrorismo, pero también para determinados tipos de asesinatos como los múltiples o a menores de 16 años y discapacitados.

El nuevo texto introduce dos figuras novedosas en nuestra legislación, la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, para proporcionar una respuesta penal más adecuada a ciertos crímenes que causan una especial repulsa social.

El anteproyecto, que se someterá en las próximas semanas a la aprobación del Consejo de Ministros, incluye además una nueva regulación del delito continuado, de la libertad condicional y la supresión de las faltas, por la que aquellas con suficiente relevancia penal se convertirán en delitos de escasa gravedad.

El titular de Justicia ha propuesto instaurar la prisión permanente revisable, que “será revisable tras un periodo de tiempo definido. Y se tendrán que dar una serie de condiciones para que se cumplan todos los requisitos de reinserción que marca la Constitución española y también según el Tribunal de Derechos Humanos, e incluso según un dictamen del Consejo de Estado”. Además, ha añadido Gallardón, “hemos tenido en cuenta el Derecho comparado”.

El ministro ha explicado que la prisión permanente revisable será impuesta para delitos de especial gravedad, como magnicidio contra el Rey o el príncipe heredero o un jefe de Estado de un país extranjero; delitos terroristas con objeto de muerte; genocidios o violaciones masivas; o determinados tipos de asesinatos que tienen el máximo reproche penal: a menores de 16 años, personas especialmente vulnerables como discapacitados; que tras la agresión sexual qse produzca el asesinato o asesinatos múltiples. Habrá un número mínimo de años para que el preso pueda conseguir la libertad y que se establecerá en 25-30 años».

Custodia de sguridad
El nuevo Código Penal introduce, por primera vez, la custodia de seguridad. Se trata de una medida privativa de libertad para casos excepcionales que se aplicará una vez cumplida la pena de prisión y después de que el tribunal valore si se mantiene la peligrosidad del penado. Tendrá una duración máxima de diez años.